Orgullo de país
28/06/2020 |
España celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB+ recordando los 15 años de matrimonio igualitario y los enormes avances de la sociedad española en diversidad, respeto y seguridad

​30 de junio de 2005. Después de un largo camino, el Congreso de los Diputados aprobaba la ley de modificación del Código Civil por la cual se homologaba completamente el matrimonio entre personas del mismo al de un hombre y una mujer. 


Con este inmenso avance hacia la igualdad, que entraba en vigor el 3 de julio de ese mismo año, España se convertía en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario para todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual, solo por detrás de Países Bajos (2000) y Bélgica (2003), y en el mismo año que Canadá. 

Gracias a esta ley, además, España fue el primer país en establecer la igualdad total en lo relativo a adopción entre parejas del mismo sexo, puesto que la Ley 13/2005 entró en vigor cuando la legislación holandesa no contemplaba la adopción de niños extranjeros y la belga aún no admitía la adopción por parte de matrimonios homosexuales. 

La aprobación del matrimonio igualitario en España se convertía así en un hito en la lucha por la igualdad de derechos de un colectivo que, a lo largo de la historia, había sufrido una clara discriminación legal y social. Nuestro país se situaba a la vanguardia mundial en derechos LGTB+, precediendo a los Estados que durante los siguientes años se seguirían sumando a ella y que, pese al tiempo transcurrido, todavía no llegan hoy ni a los 30 Estados. Todo ello, además, en un planeta en el que la homosexualidad sigue siendo delito en más de 70 países e, incluso, castigada con pena de muerte en 6 naciones.
 
   

El inicio del camino

  La batalla por la igualdad de derechos de las personas LGTB en España había empezado mucho antes. La influencia aperturista provocada por los millones de turistas extranjeros a nuestro país provocó que el régimen de Franco aprobara la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. Una modificación de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, que incluía penas de hasta cinco años de prisión e internamiento psiquiátrico para las personas homosexuales. 

Una persecución al colectivo LGTB que se hace patente, entre otras muestras, con la gran redada policial en el Pasaje Begoña de Torremolinos en 1971. Una zona de ocio de esta localidad malagueña que se había convertido durante los años previos en un pequeño oasis de libertades sexuales. Más de 300 personas fueron detenidas y, el Pasaje Begoña –considerado el ‘Stonewall español’, clausurado. 

Ante ese panorama, y de forma clandestina, se funda el Movimiento Español de Liberación Homosexual, la primera asociación que defendía los derechos de este colectivo en España. Reconvertida en Front d’Alliberament Gai de Catalunya tras la muerte de Franco, será el germen de la primera manifestación por los derechos de personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. El 26 de junio de 1977, días después de las primeras elecciones democráticas, 4.000 personas se concentraron en Las Ramblas de Barcelona para demandar la amnistía de los delitos sexuales y la derogación de la ley sobre peligrosidad y rehabilitación. 

Al año siguiente de la manifestación en Barcelona, las concentraciones también se llevaron a cabo en Madrid, Bilbao y Sevilla. Y el esfuerzo de pronto empezó a dar sus frutos. En diciembre de 1978, el Gobierno de Adolfo Suárez retiró la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social y los presos LGTB fueron liberados. En 1983 se reformaba la ley de escándalo público, usada durante el franquismo para perseguir a este colectivo. En los 80 comienzan a surgir nuevas asociaciones por toda España y, finalmente, la Ley de Peligrosidad es derogada definitivamente en 1995, al aprobarse un nuevo Código Penal, que incluía además la protección de la orientación sexual. 

A finales de los noventa, además, algunas comunidades autónomas comienzan a regularizar las parejas de hecho. Un antecedente que, en 2005, se consolidaría con la aprobación del matrimonio igualitario en el Congreso.
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Una de las sociedades más abiertas y diversas del mundo  


La aprobación del matrimonio homosexual fue un reflejo del progreso social y de mentalidad de los españoles. A día de hoy, España puede presumir de ser uno de los países con mayor aceptación de la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad en el mundo. 

Lo prueban diferentes índices y estudios internacionales. Entre los más recientes, el Eurobarómetro sobre aceptación social de las personas LGTBI en la UE, de octubre de 2019, cuyos datos sitúan a España entre los países con mayor integración de la diversidad. Entre otros, el 89% de los españoles considera que las personas LGTB deben tener los mismos derechos que las heterosexuales, siendo el 3er país de la UE (tras Suecia y Países Bajos) con mayor porcentaje de la población que así lo cree; el 86% cree que el matrimonio igualitario debería estar permitido en toda la Unión (donde España se sitúa en 4º lugar); y es el país en que mayor porcentaje de la población considera que las personas transgénero deberían poder modificar su documentación civil para adaptarla a su identidad (un 83%). Incluso el 81% de los españoles vería bien que el presidente del Gobierno fuese abiertamente gay, lesbiana o bisexual (en lo que nos situamos 4º). 

En cuanto a las diferencias en la percepción de la diversidad LGTB entre espectros políticos, España es el país en el que tanto izquierda como derecha muestran una mayor aceptación de la homosexualidad : un 98% y un 82%, respectivamente, según los datos de Pew Research Center publicados en junio de 2020.
 
 

Foco internacional de libertades y seguridad

  Las condiciones sociales y jurídicas alcanzadas en España no solo han ofrecido garantías a la población española, sino que han convertido al país en uno de los mejores de Europa para solicitantes de asilo LGBTI+ procedentes de países en los que está penado. Según el estudio Rainbow Europe 2020 de la asociación ILGA, España mantiene la 6.ª posición en materia legislativa de protección internacional de personas LGBTI+ de entre 49 Estados. Solo le anteceden Malta, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y Noruega. 

La seguridad legal y social que ofrece España también tiene su reflejo en su posicionamiento mundial como destino turístico de millones de personas LGTB. La propia Organización Mundial del Turismo, en su informe Global Report on LGBT Tourism (2012) subrayaba la experiencia de España como ejemplo de país en el que la legislación a favor de la igualdad LGTB había supuesto un poderoso impulso a su imagen de apertura y respeto, provocando un aumento de visitantes de este colectivo, entre otros. Nuestro país, además, está entre las primeras posiciones en las clasificaciones de destinos más seguros para personas LGTB, como el Gay Travel Index 2020 de la web de viajes Spartacus. En este informe, que cuenta con 17 categorías que van desde la legalidad del matrimonio igualitario hasta la pena de muerte y utiliza datos de ILGA y otras asociaciones mundiales, España ocupa la 5ª posición, con la misma puntuación que Países Bajos, Reino Unido, Uruguay, y por encima de países gay-friendly­ como Dinamarca, Alemania, Islandia o Noruega. 

Clave de la seguridad que proyecta España es el buen trabajo realizado en la reducción de delitos de odio, especialmente los relacionados con homofobia, bifobia o transfobia. Si bien en el año 2013 esta tipología suponía el 30,56% de los delitos de odio registrados por el Ministerio del Interior, en 2017 el porcentaje bajaba hasta el 20% y, en 2018 –último año publicado- se reducía hasta el 16,2%. Además, España cuenta con una fiscalía especializada en delitos de odio, así como un Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y una Oficina Nacional contra este tipo de delitos.
     

Defensa internacional de derechos LGTB

 A las libertades y derechos alcanzados en el interior del país, se suman los esfuerzos de España por extenderlos internacionalmente. Entre otros foros, nuestro país participa activamente en el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, suscitando preguntas y articulando recomendaciones a aquellos países en los que se detectan violaciones a los derechos humanos de las personas LGTB. España también es miembro del LGBT Core Group de Naciones Unidas, una red informal de países, organizaciones internacionales, ONG y organizaciones civiles para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGTB en el marco de la ONU. 

En la Unión Europea, España ha desempeñado un papel muy activo en el proceso de elaboración de las Directrices de la UE sobre los derechos de las personas LGTBI+, adoptadas en 2013. Además de participar en la Red Europea de Puntos Focales LGBTI+. A ello se suma la actividad de divulgación y defensa de los derechos LGTB impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ya sea a través de su Oficina de Derechos Humanos, como de la actividad de la AECID a través de sus centros de formación y centros culturales.  
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