Nuestra Constitución, base de la democracia española, lo deja claro en su artículo 1º: España es “un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Durante cuatro décadas, España se ha consolidado como una de los Estados de Derecho más avanzados del mundo. El imperio de la ley, la división de poderes y el control judicial a la Administración han servido de garantía a la igualdad entre todos los ciudadanos y a los derechos y libertades de nuestra sociedad.

Así lo demuestra, año tras año, en el principal indicador de adhesión al Estado de Derecho: el índice Rule of Law de World Justice Project, organización civil que trabaja para analizar y promover el Estado de Derecho en todo el mundo. Según su edición de 2019, España mejora dos posiciones con respecto al año pasado y se convierte en el 21º país con una mayor consolidación y cumplimiento del Estado de Derecho de los 126 sistemas estudiados. En concreto, nuestro país consigue una puntuación de 0,71 sobre 1, la misma, por ejemplo, que EEUU y por encima de países vecinos como Italia, Croacia o Eslovenia. Camboya y Venezuela, por el contrario, aparecen en las dos últimas posiciones.

El análisis de WJP, basado en más de 120.000 encuestas a hogares y 3.800 expertos, valora el desempeño de los países en ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la normativa, justicia civil y justicia penal.

La mejora de calificación de nuestro país se produce en la mayor parte de esos ocho factores con los que el WJP elabora su informe anual, si bien son tres en los que España destaca especialmente. En materia de derechos fundamentales ocupamos la posición 16 a nivel mundial, con 0,78 puntos sobre 1, por encima de democracias muy consolidadas como la francesa, la italiana o la estadounidense; en gobierno abierto somos vigésimos, con una puntuación de 0,70 sobre 1; y en justicia penal somos igualmente vigésimos, en un informe que destaca la corrección de nuestros procesos penales (0.78 sobre 1) o la ausencia de corrupción en la Justicia (0,75 sobre 1).

El avance de España se ha producido, además, en un año en que gran parte de los países ha perdido posiciones en el respeto al Estado de derecho. En concreto, 61 países fueron a peor, 23 permanecieron igual y 29 mejoraron, entre ellos, España.

 

Una Justicia dentro de los estándares europeos

España cumple estrictamente el principio de separación de poderes, en virtud de la cual la Justicia es administrada por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, que son independientes, inamovibles y solos sujetos al ordenamiento jurídico.

El Marcador de la Justicia de la Comisión Europea (Justice Scoreboard), el principal evaluador de la calidad de la Justicia en los Estados miembros de la UE, asegura en su informe, de 2018, que España se encuentra dentro de los estándares europeos sobre salvaguarda y carácter objetivo de la independencia judicial. Los indicadores, de hecho, mejoran con respecto al informe anterior, destacando especialmente la accesibilidad, gratuidad y buena gestión de la Justicia, a pesar de los recursos disponibles.

Además, España figura entre los países con menos reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la ratio española de sentencias condenatorias del TEDH por habitante es similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido, e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza.

En cuanto a la prisión preventiva, el Consejo de Europa ha calificado de positivo el bajo índice de presos preventivos en cárceles españolas (12,7%), muy por debajo de la media europea (25,4%) y muy alejado de los índices de Holanda (43,4%), Suiza (39,6%), Italia (34,2%), Francia (27,3%) y Suecia (25,6%).

 

Una democracia plena

Al cumplimiento del Estado de Derecho ratificado por World Justice Project se suman otros índices que reflejan la madurez y solidez de la democracia española lograda desde que se aprobada la Constitución en 1978.

Por una parte, el Democracy Index publicado en 2019 por la Unidad de Inteligencia de The Economist nos sitúa entre las únicas 20 democracias plenas del mundo, entre 165 países analizados, con una puntuación de 8,08 sobre 10. España destaca especialmente en pluralismo político (9,7) y en libertades civiles (8,82).

Por otra, en la edición de 2019 de Freedom in the World, el estudio anual de Freedom House, España vuelve a repetir como uno de la treintena de países totalmente libres del mundo, con una puntuación de 94 sobre 100, mayor a la de otros países como Francia, Reino Unido o Italia.

 

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