España es uno de los países que menos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha acumulado desde 1959 y 2018. En total 167, de las cuales apenas una treintena se han sumado desde 2013, según datos tanto del TEDH como del informe España ante los tribunales de justicia europeos, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esta manera, nuestro país se encuentra entre los países del continente con las cifras más positivas, con un ratio de sentencias condenatorias del TEDH por habitante similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza. Además, en las estadísticas acumuladas entre 1959 y 2018 publicadas por esta entidad, registra mejores datos que Suiza (189), Portugal (345), Alemania (340), Francia (1.013) o Italia (2.396), entre otras muchas naciones del continente.

Por otra parte, España está en la media europea en cuanto a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de los Tratados aplicados en nuestro país desde su ingreso en la UE en 1986. Según el informe del CGPJ, la ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Países Bajos o Suecia. En el periodo comprendido entre 2013 y 2017, España ha acumulado en esta entidad judicial 11 recursos. En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE, registra 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes, situándose en la media europea.

El TEDH es un tribunal internacional competente para revisar demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos. Nuestro país firmó ese convenio en 1977, quedando ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales.
Por su parte, el TJUE controla la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales.

Una justicia consolidada

A lo largo de los 40 años de su actual democracia, España se ha consolidado como uno de los Estados de Derecho más avanzados del mundo en los que el Poder Judicial ha ido ganando enteros en accesibilidad, gratuidad y buena gestión.

Por ejemplo, en el último índice Rule of Law de World Justice Project, organización civil que trabaja para analizar y promover el Estado de Derecho en todo el mundo, España ha mejorado dos posiciones, convirtiéndose en el 21.º país con una mayor consolidación y cumplimiento del Estado de Derecho de una lista de 126. Este análisis, basado en más de 120.000 encuestas a hogares y en el trabajo de 3.800 expertos, hace destacar a España en justicia penal, entre otros aspectos. En esta área nos posicionamos en el número 20 del ranking, gracias a la corrección de nuestros procesos penales (0,78 sobre 1) o la ausencia de corrupción en la Justicia (0,75 sobre 1).

Por otra parte, el Marcador de la Justicia de la Comisión Europea (Justice Scoreboard), principal evaluador de la calidad de la Justicia en los Estados miembros de la UE, explica en su informe de 2018 que España cumple con los estándares europeos sobre salvaguarda y carácter objetivo de la independencia judicial.

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