La aportación de este tipo de energía renovable al total de generación de electricidad se doblado en solo un año, despuntando como una palanca de impulso económico post-Covid. Además, España acelera su descarbonización con el cierre de 7 centrales térmicas.

 

España sigue dando buenas noticias en el campo de las energías renovables. Según los últimos datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), nuestro país fue en 2019 el mercado líder en el sector fotovoltaico a nivel europeo y el 6.º a escala mundial, con un récord de capacidad instalada tanto en el segmento de plantas en suelo, con 4.200MW de nueva capacidad, como en el de autoconsumo, con 459MW.

En mayo de 2020, además, se ha producido un récord de generación nacional de este tipo de energía, llegando a suponer el 9,3% en el mix energético (es decir, en el total de energía generada a través de las distintas fuentes). Un dato que dobla al 4,6% que suponía la energía fotovoltaica en el mismo periodo de 2019.

Según UNEF, España cuenta con un tejido industrial fotovoltaico sólido, de calidad y competitivo, que incluye compañías líderes a nivel mundial en la fabricación de componentes fotovoltaicos, además en un gran panorama de inversión. En el segmento de los seguidores solares, asimismo, subrayan que España cuenta con cuatro de las diez mayores compañías del mundo.

Entre otros datos, la UNEF señala la reducción de costes del 95% en la la generación de energía fotovoltaica en la última década, una aportación del PIB de más de 5.000 millones de euros, un impacto económico de las exportaciones de 1.522 millones de euros y la generación de 60.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Unas cifras que convierten a este sector en una palanca de recuperación económica post-Covid19. Gracias a este alto grado de competitividad, la tecnología fotovoltaica podría dotar a la industria española de una importante ventaja competitiva respecto a sus competidores de los países de nuestro entorno.

 

España acelera su descarbonización

 

El Pacto Verde Europeo (EU Green Deal) subraya que es necesario avanzar en una recuperación y un crecimiento económico que siga criterios de sostenibilidad medioambiental y una progresiva descarbonización en todos los sectores. Y, este sentido, España sigue dando grandes pasos. De hecho, está cerca de convertirse en uno de los países que más rápido progresa en el abandono del carbón, una de las energías más contaminantes y con mayor responsabilidad en la emisión de CO2 a la atmósfera.

 

 

Año y medio después del cierre de todas las minas –cuya existencia era difícil sin ayudas públicas ahora prohibidas por la UE-, este martes comienza la clausura de siete de las quince centrales térmicas que utilizan el carbón como combustible. Además de altamente contaminantes, su aportación a la generación de la energía es prácticamente nula: si en 2018 generaban el 15% de toda la electricidad consumida, este mes de mayo solo aportaban el 1,4% de la electricidad. De esta forma, las plantas situadas en las provincias de A Coruña, Asturias, León, Teruel, Córdoba y Palencia, propiedad de grandes compañías energéticas, dejarán de estar operativas a partir del 30 de junio. Entre ellas acumulan casi la mitad de la potencia instalada de carbón en España. Otras cuatro plantas tienen solicitados los permisos ante el Gobierno para clausurar sus instalaciones y se calcula que en el próximo lustro se produzca el cierre de todas las centrales de este tipo.

Si bien la evolución del mercado energético y las medidas emprendidas desde Bruselas han supuesto la puntilla al carbón, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está trabajando con las eléctricas para que presenten planes estables para las zonas afectadas por estos cierres, enfocados hacia las energías renovables y que, en algunos casos, pueden suponer la generación de más empleos de los que se pierden con estos cierres. Hay actualmente 12 convenios de transición justa para zonas térmicas y mineras, además de una asignación de recursos públicos tanto del Gobierno como, se espera, de los futuros fondos de transición justa de la Comisión Europea.

 

 

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